“La compensación del 3 por 1, que permite que el exceso en años de servicios se compense con edad, es sólo para jubilación ordinaria. Sin embargo, ese sistema fue extendido a los casos de jubilaciones especiales que ya tienen un sistema de cómputos privilegiados. Y eso suma, suma y suma a un sistema que evidentemente debe ser corregido y genera un déficit de 18.000 millones de pesos al Presupuesto”, afirmó el abogado del Estado.

Concretamente, el funcionario entendió que “en los regímenes especiales no debería aplicarse el sistema de cómputo privilegiado, de compensación. Eso se judicializó a través de un amparo -reseñó-, pero el juez de primera instancia declaró inadmisible la acción y el Superior Tribunal de Justicia confirmó la decisión. Así que esa parte ya se corrigió”.

En el diálogo radial, se le preguntó si se corrigieron los casos de personas fallecidas a nombre de quienes se seguía pagando jubilaciones. “El tema es que había una falla en el sistema. Personas afiliadas a la Caja, jubilados, que estaban viviendo en otras provincias, no en Entre Ríos, y por el sistema de recepción de datos en la Caja de Jubilaciones acerca de los fallecidos, las bajas no se estaban produciendo y se registraban en el sistema. Es decir que se registraban mal y en consecuencia la Caja le seguía depositando el haber jubilatorio. La gran mayoría de los casos ya fue resuelto, debido a que el dinero estaba en la cuenta de ingresos del afiliado y las autoridades de la Caja corrigieron, pero hay una causa penal y un sumario administrativo por este tema”, contestó.

La entrevista luego se instaló en el tema de la obra de la hidrovía y el acuerdo para que las provincias participen en su administración. “El contrato de hidrovía -explicó Rodríguez Signes- lo celebró en el año 95 ó 96 el Estado nacional, y lo que se draga hasta la altura del Puerto de Santa Fe. De ahí para arriba se señaliza, no se draga. Entonces el dragado se hace sobre la parte de la Hidrovía que es territorio argentino y para eso se hace un contrato de concesión de obra pública. En el año 1995 ó 96 llamó a licitación pública internacional y adjudicó la obra de dragado a una empresa que se llama Hidrovía SA, conformada por varias empresas, donde la más significativa es la belga Jan de Nul”.

Continuando con la explicación, el fiscal de Estado afirmó que los trabajos de dragado se pagan con el sistema de peaje de barcos de carga. “Ese contrato vence en abril de 2021, por lo que hay que resolver qué se hace. El gobierno nacional había propuesto la formación de una sociedad del Estado con participación de las provincias, pero para que llame a licitación y contrate de nuevo el dragado, y no para que lo haga directamente el Estado. Eso nunca se planteó porque el Estado no está en condiciones de hacerlo porque no tiene las herramientas”, agregó.

“Lo que cambió el gobierno nacional -explicó- es que a la convocatoria a licitación, en vez de hacerla esa sociedad del Estado, la va a hacer el Ministerio de Transporte de la Nación. Las provincias quedan en lo que se llama Consejo Federal de la Hidrovía”.

Seguidamente, Rodríguez Singnes dio su opinión jurídica sobre el punto al decir: “En realidad, lo que se está dragando es el lecho del río, que es dominio público de las provincias. El río es federal, pero el lecho del río es de las provincias. En consecuencia, a mi entender, el gobierno nacional no puede llamar a una licitación en donde se va a dragar el lecho del río si no está la conformidad de las provincias. La sociedad del Estado venía a resolver un problema jurídico”, agregó, tras lo cual indicó que el 22 de febrero, en una reunión, hará el planteo ante Nación.

“Más allá de la cuestión jurídica, a nosotros lo que nos interesa es conectar los puertos entrerrianos a la hidrovía: Diamante, Ibicuy y Concepción del Uruguay. Para nosotros eso es fundamental”, remató.