“Esta
jornada contra el trabajo infantil debe estar orientado a la promoción y el
apoyo para las personas e instituciones que luchan contra la explotación de
niños, niñas y adolescentes, y nos compromete a romper el silencio y la
impunidad de quienes explotan económicamente a los niños”, señaló el ministro
Giano en referencia a la problemática que también afecta a Entre Ríos.
Desde el Consejo Provincial del Menor –repartición del Ministerio de Salud y Acción
Social- se aborda la problemática del trabajo infantil a través del desarrollo
de actividades relacionadas con programas para la protección de los derechos de
los niños, brindando servicios que fortalezcan a cada familia: desde hace tres
años se trabaja junto a organizaciones no gubernamentales en Paraná, Concepción
del Uruguay y Concordia en potenciar las capacidades de la familia y brindar
servicios que garanticen que los niños concurran a la escuela. Para ello, “se
debe contribuir al sostenimiento familiar, garantizando los controles
sanitarios, que sigan asistiendo a la escuela y tengan apoyo en la escuela,
para lo cual desde el área de Educación se brinda becas a los niños en edad
escolar, como una de las alternativas para cortar el circuito de la pobreza”,
señaló Dora Jávega, quien continuó diciendo que en la problemática del trabajo
infantil “no hay otra receta que
garantizar la integración de los niños a la escuela, y en los primeros años hay
que hacerlo a través de los jardines maternales, estimulando a los municipios a
que establezcan estos lugares, que brinden apoyo a las madres y padres que
trabajen”. El CPM integra una comisión provincial con la Dirección de Trabajo
provincial, el Ministerio de Trabajo de la nación, donde también participa el
área de Educación: lo que hacemos es garantizar la protección social de los
niños” La titular del CPM comenta que en el 2007 se llevó adelante una
actuación en conjunto con la
Dirección de Trabajo de Paraná, en la zona de quintas, por
una denuncia de explotación laboral de menores. Se hizo un trabajo de
restitución de los niños, se les dio la protección social y jurídica, la Dirección de Trabajo
intervino con estos dueños de quintas que explotaban a sus empleados. “Esto es
importante desde una perspectiva en una sociedad más justa y solidaria, donde
no sólo son el problema los casos de supervivencia infantil sino los de
aquellos productores que contratan a niños porque es mano de obra más barata
que contratar a sus padres, porque tienen que pagar otros salarios, y aquí está
la conciencia de los adultos y de quienes son productores”, acotó Jávega.
“Cuando tomamos conocimiento de estas situaciones, tomamos contacto con la Dirección de trabajo
para que ellos hagan la tarea de tratamiento de la situación de los niños que trabajan”, apuntó la presidenta
del CPM.
En
nuestro país hay más 1.500.000 niños trabajadores. El 90% del trabajo infantil
se da en el sector informal de la economía, a más temprana edad en el campo que
en la ciudad con una carga horaria semanal promedio de 45 horas. El 50% de los
niños no reciben remuneración por su labor y un tercio de ellos realizan
trabajos peligrosos. Un niño incorporado de manera prematura al mercado laboral
llega a la edad adulta sin la preparación necesaria para acceder a ocupaciones
calificadas, lo que le impide modificar su situación de precariedad. Así, el
trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza.
La CONAETI (Comisión Nacional para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil) define
por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de
supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la
edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la
escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de
trabajo peligroso.
En el
ámbito rural, los niños que trabajan se desempeñan en las cosechas, como
floricultores y horticultores y frecuentemente se ve obligados a manipular
sustancias agroquímicas peligrosas. En el medio urbano, el trabajo infantil
suele estar asociado al cirujeo, la venta ambulante, ser acompañantes de
adultos que venden o mendigan en
transportes o en la calle, ser objeto de explotación sexual con fines
comerciales, pornografía y/o turismo sexual. El trabajo de menores en una
ciudad también se vincula con el tráfico de drogas y servicios a automovilistas
en la vía pública (malabaristas, limpia-vidrios, abre-puertas). El trabajo infantil
atenta contra derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la
salud, a la igualdad, a la no discriminación y al juego.
Por ser
una problemática social compleja, para intervenir contra el trabajo infantil se
requiere de la acción coordinada de múltiples actores sociales –organismos
gubernamentales, organizaciones sindicales, empresarias, religiosas y de la
sociedad civil- que intervengan
articuladamente con una perspectiva de trabajo en red. Deben generarse
soluciones integrales de apoyo a los niños y niñas y a sus grupos familiares.
Un
informe mundial sobre trabajo infantil de la Organización
Internacional del Trabajo señala que el fenómeno sigue siendo
un problema global masivo, particularmente en sus peores formas: hay 246
millones de niños entre 5 y 17 años que trabajan en el mundo, de los cuales 179
millones están vinculados a la explotación sexual comercial, pornografía,
turismo sexual, tráfico de drogas, delincuencia, niños usados en conflictos
armados, niños mineros, entre otras actividades, lo que atenta gravemente
contra su salud y su desarrollo, profundiza la desigualdad, viola los derechos
humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia, acelera los procesos de
maduración, impide o limita el adecuado proceso educativo, enfrenta a los
menores a un ambiente hostil y adulto, y genera pérdida de autoestima y en
muchas ocasiones problemas de adaptación social.