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Entre Ríos participó de la presentación en el Senado del proyecto de ley para el Código de Protección de las y los Consumidores de y Usuarios de la Nación

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En el Salón Azul del Senado se realizó la presentación del proyecto de ley para la creación de un “Código de Protección de las y los Consumidores de y Usuarios de la Nación”, una iniciativa de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti que prevé un conjunto de soluciones efectivas para resolver problemas en las relaciones de consumo actuales.

Sobre el proyecto de ley, Fernández Sagasti destacó la importancia de esta ley y la necesidad de su sanción para proteger el derecho de millones de consumidores de todo el país.

En este marco, Matias Tombolini, Secretario de Comercio, valoró la presentación de este nuevo código como herramienta que le da al sector público la capacidad de penalizar a quienes lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores.

Desde la provincia de Entre Ríos y en el trabajo que lleva adelante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, su titular Fernán Poidomani participo junto a uno de los responsables del área legal de la dependencia, el Dr. Osvaldo Romero de dicha presentación. 

El funcionario explico que entre otros puntos, el proyecto de ley busca estimular las acciones individuales y colectivas, así como los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos. También impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, junto con la verdadera durabilidad de los productos.

Además, se ocupa de regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas, así como también busca prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar en los casos de abuso financiero.

Por otro lado, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores en la elaboración e implementación de políticas públicas.

Esta iniciativa tiene un alcance federal, ya que invita a las provincias a ampliar este tipo de mecanismos tomando el Código como un piso mínimo de derechos.

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