Este Programa tiene como objetivo recomponer la trama social que se ha visto afectada en los últimos años, lo que se traduce en una mayor vulnerabilidad en aquellos sectores de la sociedad más desprotegidos.
La multicausalidad que ha originado esta situación nos obliga a pensar en la complejidad de las acciones destinadas a revertirla.
Una de las acciones fundamentales sobre las que nos proponemos trabajar en este sentido desde la Subsecretaría y los organismos vinculados, principalmente los pertenecientes a la comuna en que se trabaje, consiste en favorecer la creación o fortalecimiento de una Red de las instituciones barriales (Comisiones Vecinales, Comedores, Centros Comunitarios, Salones de Usos Múltiples, entre otros) que tenga representatividad para realizar los reclamos ante los organismos del estado y que ofrezca un espacio válido de participación comunitaria.
Además buscamos generar una adecuada articulación entre la Red y los organismos que deben responder ante las demandas concretas que la Red plantee. Como Estado tenemos el desafío de articular con otras áreas que permitan responder con idoneidad a las necesidades que expresa la comunidad, intentando reconstruir, de la mano de la comunidad organizada, el espacio de lo público.
Los reclamos que más frecuentemente llegan al Estado desde estas redes tienen que ver con la falta de algunos de los servicios esenciales, de espacios comunes de participación, de inclusión de las niñas, niños y adolescentes, el consumo de drogas por parte de los jóvenes y las situaciones de violencia e inseguridad que tensan las relaciones internas y generan reclamos legítimos de los ciudadanos hacia los distintos estamentos del Estado.
Las reuniones y encuentros que se efectúan en el marco de este Programa se realizan tanto en las oficinas y despachos de los Organismos estatales que intervienen, como en los espacios que el barrio tiene, alentando a que se acerquen todos los vecinos a la discusión. Esto resulta sumamente productivo para los funcionarios porque se acercan a las problemáticas concretas y entienden la realidad de la comunidad y para los vecinos que hacen efectiva su participación.
Este programa ha tenido experiencias en la ciudad de Paraná con resultados que han permitido conocer realidades de distintos barrios y con ello atender a los reclamos que sus vecinos plantearon. Entre las cuestiones que han sido planteadas y resueltas destacamos: la confección por parte de los vecinos de mapas del delito que ha requerido presencia policial en lugares y momentos claves, también la limpieza e iluminación de los espacios verdes de la comunidad, la contención específica a familias víctimas de delitos violentos, la intervención por parte de los organismos especializados –Secretaría de Lucha Contra las Adicciones y Dirección de Salud Mental de la Provincia- para el tratamiento de adictos, sus familias y su entorno, y de Toxicología e Investigaciones de la Policía provincial para un proceder correcto en los casos en que ellos sean protagonistas.
El programa de Seguridad Democrática se apoya en el compromiso asumido por la Provincia en la reforma constitucional del año 2008 cuando enuncia como deber irrenunciable la seguridad ciudadana mediante políticas de prevención del delito y de asistencia a la víctima (artículo 32, Constitución Provincial).
Es necesario cambiar el punto de vista para pensar la seguridad ciudadana y rechazar la lógica con la cual ha sido comprendida hasta el momento por amplios sectores. Un análisis del problema de la violencia delictiva e institucional desde la óptica de los derechos demanda el reconocimiento de que éstas no sólo afectan el derecho de los ciudadanos a la no interferencia, sino que también involucran cuestiones básicas de la convivencia social y de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es preciso que los objetivos y las propuestas sean consistentes con esta descripción y no la restrinjan a una mera declaración de principios.
Mientras la inseguridad afecta a la sociedad en su conjunto, la sufren en forma particularmente grave los sectores en situación de vulnerabilidad. Por ello, hay que buscar políticas de seguridad inclusivas que protejan a los diversos actores y no sólo los derechos de un determinado sector social, y mucho menos que promuevan la seguridad de un determinado grupo social a costa de los derechos de los demás ciudadanos. Para diseñar políticas que operen contra el delito y que no produzcan mayor exclusión, es necesario contemplar acciones que extiendan la ciudadanía, como una poderosa herramienta integradora.
La seguridad ciudadana involucra problemas básicos de la relación entre ciudadanos, entre éstos y las instituciones y entre las instituciones entre sí. Por ello, resulta fundamental pensar y describir estos problemas en toda su complejidad. Sólo una comprensión en el marco de esta complejidad puede tomar en consideración todos los derechos que están en juego, sin reducirlos a una dimensión meramente defensiva. Sólo un nuevo enfoque del tema, permitirá encarar una política de seguridad inclusiva que amplíe el ejercicio de los derechos, en lugar de restringirlo.
Hacerse cargo del reclamo por mayor seguridad de un modo responsable significa otorgarle su real dimensión, resolverlo en un contexto de respeto por los derechos y no limitarlo a una demanda que busca solamente reducir el riesgo de que ciertos delitos ocurran.
Será necesario otorgar un lugar central a las políticas sociales, a las políticas institucionales y el desarrollo de acciones en materia de seguridad que no reproduzcan la exclusión y la estigmatización social.
Desde esta mirada más amplia se planteará claramente que la seguridad de los ciudadanos es en sí misma una cuestión que hace a sus garantías, y no un límite a éstas. Que el respeto a los derechos humanos es una condición de eficiencia de estas políticas y no un obstáculo para que alcancen su objetivo. Y que un concepto de seguridad acorde a un concepto amplio de la comunidad no puede remitir sólo ni fundamentalmente al derecho a la no interferencia sino también a garantizar determinadas condiciones para el ejercicio tanto de derechos individuales como colectivos.
Promover el control de la violencia implica repensar las condiciones en que las instituciones de seguridad se insertan en la sociedad e intervienen en la circulación social de la violencia, de modo tal de evitar dinámicas violentas en la gestión de conflictos. Implica comprender que la pretensión estatal de monopolio de la fuerza tiene sentido como instrumento para la protección de los derechos, y no para el mantenimiento del orden fáctico.
Repensar las condiciones en que las instituciones de seguridad se desenvuelven en la sociedad implica asumir que la violencia institucional es parte del contexto de violencia que se intenta controlar democráticamente. Esto es, un reconocimiento de la doble condición de las agencias policiales: formar a la vez parte de las políticas públicas para reducir la violencia y tener entre sus capacidades las de ejercer distintos niveles de violencia como instrumento para intervenir.
El probado aumento de la violencia institucional en los últimos tiempos no tiene justificación en proporción al aumento de la violencia delictiva. Reducir la violencia de las instituciones de seguridad no es sólo una cuestión de principios, esta violencia es en sí misma un riesgo para la vida y la integridad de los ciudadanos y componente del problema de la inseguridad.
Existen normas disciplinarias en las fuerzas de seguridad que desincentivan la denuncia por parte de sus agentes de las ilegalidades cometidas por otros miembros. Estas normas tienden a establecer un control férreo sobre la información institucional y restringen la transparencia de su funcionamiento.
Desde una perspectiva de protección de los grupos en situación de vulnerabilidad se sostiene que la vigilancia de derechos y garantías puede realizarse por medio de la creación de un canal de denuncias sobre irregularidades y delitos presumiblemente cometidos por miembros de las fuerzas policiales y de seguridad que resguarde al denunciante. Por ello se diseña un Protocolo de Actuación para las denuncias de violencia institucional y se crea también el Observatorio de Casos para lograr la sistematización y recepción de denuncias y demandas de las víctimas u organismos que representan a las víctimas.
Esto se fundamenta en que el derecho a no ser torturado ni maltratado debe ser especialmente respetado y garantizado en el caso de las personas privadas de su libertad. Sin dudas se trata un derecho absoluto y no puede suspenderse. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen prohibido infligir, instigar o tolerar la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a cualquier persona. La tortura y otros tratos crueles o inhumanos o degradantes, tratos vejatorios contra la dignidad humana, malos tratos físicos y psicológicos son habituales en las cárceles y comisarías del país. En este sentido la Constitución entrerriana es tajante y prohíbe en el artículo 66 “toda especie de tormentos y vejámenes, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los empleados o funcionarios que los apliquen, ordenen o consientan…”.
Es importante destacar que el Estado Argentino ha asumido una serie de obligaciones internacionales respecto de los Derechos Humanos consagrados en los distintos instrumentos internacionales que generan responsabilidad internacional y que son irrenunciables. Es así que en el marco de la vigencia y el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Argentina por incumplimiento y ha reforzado el valor de las obligaciones que los estados tienen en tanto partes de la comunidad internacional organizada.
