Declaración Universal de Derechos Humanos
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a la educación, a la libertad, a hacer deporte, a jugar y muchos derechos más. Las normas les dan una protección especial.
A los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad.
La ley los protege para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
A que se proteja su vida y se respete su intimidad.
A la salud.
A hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano.
A no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo.
A que se respete su honor y se proteja su imagen.
A tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma.
A que se respete la forma de ser de su lugar de origen.
A conocer a sus progenitores biológicos y mantener un vínculo con ellos aunque estén separados o alguno se encuentre en prisión, salvo que ese vínculo pueda provocarle daño.
A tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan tener contacto directo con sus padres.
A recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando su derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde viven.
A gozar de los beneficios de la seguridad social.
A expresar sus opiniones en sus familias y que sean tenidas en cuenta tanto en sus familias como en la escuela, considerando su grado de madurez.
A asociarse con fines culturales, deportivos o políticos siempre y cuando esas asociaciones o grupos estén sólo integradas por niños, niñas o adolescentes.
A trabajar, siempre que no esté en peligro cualquier aspecto de su salud.
A casarse. Si tiene menos de 16 años necesitan la autorización judicial. Si ya cumplió 16 años, sólo hace falta la autorización de sus representantes legales.
Entre los 13 y 16 años puede decidir por sí mismo sobre la realización de cualquier tratamiento, siempre que no sea de tipo invasivo y no se ponga en riesgo su vida ni su integridad física. Si el tratamiento pone en riesgo su salud deben intervenir sus progenitores.
Si es mayor de 16 años se lo considera como un adulto para todas las decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo.
Si es mamá o papá a partir de los 13 años, puede decidir y realizar por sí mismo todas las tareas necesarias para el cuidado de sus propios hijos. Está prohibido que cualquier institución educativa, sea pública o privada, los sancione o discrimine por atravesar un embarazo o haber sido mamá o papá adolescente.
A ser identificados en forma inmediata para que puedan ser inscriptos en el Registro Civil.
Si sus progenitores no tienen documento, el Estado debe hacer lo que sea necesario para la identificación del recién nacido. El trámite es gratuito.
A participar en todo procedimiento judicial en el que estén involucrados.
A ser escuchados y a que se considere su opinión al momento de tomar la decisión referida a ellos.
A tener una abogada o un abogado, preferentemente especializado en cuestiones de niñez y adolescencia aunque no puedan pagarlo.
Es lograr que todos los derechos y garantías que se les reconocen sean disfrutados en forma integral, simultánea y con un máximo nivel de satisfacción.
Las familias, que deben asegurarles el disfrute pleno de sus derechos.
Todos los organismos del Estado que tienen como prioridad protegerlos y auxiliarlos en cualquier situación y deben hacerlo con preferencia al resto de la sociedad.
La comunidad en general por razones de solidaridad. Por eso la ley permite que cualquier ciudadano que sepa que no se respeta la ley se presente a la justicia para pedir que se tomen medidas urgentes para que los niños, niñas y adolescentes afectados puedan gozar de sus derechos.
Los que trabajan en escuelas públicas, colegios privados y centros de salud deben comunicar cualquier violación a sus derechos a la autoridad más cercana.
El funcionario que recibe la denuncia debe:
Iniciar el trámite en forma inmediata.
Prevenir cualquier tipo de daño en el menor.
Buscar que se reparen los daños que haya sufrido.
El trámite es gratuito. Si el funcionario no lo hace, tiene responsabilidad penal.
El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos
Son decisiones para protegerlos cuando sus derechos son amenazados o violados.
La amenaza o violación al derecho puede venir del Estado, de cualquier persona o del propio niño, niña o adolescente.
Algunas son:
Mantenerlos con su familia.
Incluirlos en programas que busquen fortalecer y apoyar a las familias.
Darles ayuda económica si hay necesidades básicas insatisfechas, falta de vivienda o dificultades económicas, para mantener los vínculos familiares y lazos afectivos.
Incluirlos en programas de asistencia integral a la embarazada.
Darles tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos a cualquier niña, niño o adolescente que lo necesite o a sus progenitores.
Sí. Se llaman excepcionales porque sólo se admiten cuando las niñas, niños o adolescentes están privados de sus familias o tienen familias, pero es conveniente que no estén con ellos teniendo en cuenta su interés y beneficio.
Estar por un tiempo en otro ámbito familiar pero con personas vinculadas a ellos.
Por excepción, pueden ser alojados en un dispositivo de cuidados alternativos a las familias. En ese caso, se debe considerar:
Que sea por el menor tiempo posible.
Que se rencuentre con sus familias y grupos comunitarios cuanto antes.
Que continúe yendo a la escuela.
Priorizar la convivencia entre los grupos de hermanos y si esto no fuera posible, su contacto frecuente.
Garantizar que pueda seguir ejerciendo la totalidad de los derechos reconocidos por las leyes y convenciones.
Que antes se hayan agotado previamente las medidas de protección integral o que se trate de una situación de urgencia que amerite la intervención del órgano de protección.
Haber tenido en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente.
Que la autoridad que toma la medida excepcional informe dentro de las 24 hs al juez de familia que corresponda.
Sí. Las mismas serían:
Nunca puede emplearse como medida de protección la institucionalización de un niño, niña o adolescente porque no tenga recursos materiales.
Nunca una medida de protección excepcional puede ser la privación de libertad.
