Este lunes se realizó un Encuentro sobre Adopción, organizado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (Ruaer), y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
La vicepresidenta del Copnaf, Alejandra Ramírez, destacó la modificación de la estructura orgánica del organismo que se produjo en los últimos años, donde se dividieron las responsabilidades por franja etaria, conformándose una Dirección de Protección Integral de las Infancias por un lado, para niñas y niños de 0 a 12 años y de las Adolescencias por otro, para mayores de 12, adaptándose a las necesidades y los intereses de cada grupo.
Ramírez afirmó que este cambio trajo aparejada la necesidad de reformular los proyectos institucionales de las Residencias Socioeducativas que dependen de cada Dirección, tanto públicas como conveniadas con diversas ONGs o municipios, en concordancia con la estrategia provincial que lleva adelante la Mesa Interministerial de Primera Infancia, el fortalecimiento del proyecto autónomo de vida y el acompañamiento para el egreso de los adolescentes.
Además, Alejandra Ramírez manifestó la necesidad de profundizar los acuerdos interinstitucionales y plasmarlos en documentos, en el marco de la mesa de seguimiento de la Guía de Buenas Prácticas en Procesos de Actuación Conjunta de Órganos Judiciales con competencia material en Familia, Copnaf y Ministerio Público de la Defensa.
La directora de Protección Integral de las Infancias, Cecilia Olmedo, explicó que de su Dirección depende también el Programa Familias de Abrigo, que son personas que se incorporan desde una actitud solidaria y que alojan a niñas y niños de 0 a 2 años para evitar su institucionalización, ya sea que se encuentren en trámites de declaración de adoptabilidad o en el marco de Medidas de Protección Excepcional.
A su vez, la directora de Protección Integral de las Adolescencias, Josefina Bonomi, destacó la importancia del programa Andando que depende de su Dirección, que trabaja en la conformación de un proyecto de vida autónoma en adolescentes, ante la escasez de familias que estén inscriptas para adoptar dentro de esta franja etaria o por la voluntad de los propios adolescentes cuando están próximos a alcanzar la mayoría de edad.
La secretaria del Ruaer, María Spais, resaltó que el Registro, al tener independencia del Poder Judicial y encontrarse en la órbita del Ministerio Público de la Defensa (MPD), tiene la posibilidad de tener profesionales que se abocan exclusivamente a la temática de la adopción, donde actualmente cuentan con nueve psicólogos y psicólogas, cinco trabajadoras sociales y una psicopedagoga, con una descentralización de equipos para atender la costa del Uruguay y la costa del Paraná.
Spais explicó que una de las funciones de su organismo tiene que ver con tener un registro de niños, niñas y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad. Este registro varía en forma permanente porque se van registrando las comunicaciones de todos los juzgados de la provincia, cuando hay sentencias firmes que declaran la situación de adoptabilidad. Además realizó un detalle de la situación actual de la provincia.
Claudia Rodríguez, representante de la Senaf, destacó que en este tipo de encuentros se busca trabajar de forma conjunta entre los organismos involucrados en procesos adoptivos, desde una óptica de corresponsabilidad, analizando los avances y desafíos en cada provincia, a partir de los informes estadísticos. También tienen el objetivo de compartir experiencias para abordar la situación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad.
Del encuentro participaron profesionales de la Defensoría General, equipos técnicos y de gestión de las residencias socioeducativas de la provincia, promotores de derechos e integrantes de la residencia interdisciplinaria de salud mental.
Después de un nutrido intercambio entre los participantes de cada organismo se acordó la necesidad de profundizar el trabajo articulado, para optimizar los procesos administrativos y judiciales para reducir el tiempo de espera de niñas, niños y adolescentes que aguardan integrarse a una familia.
